La Justicia Federal otorgó 10 días para que la rectora de la Unlar y La Lista Naranja respondan por la legalidad de la elección
La resolución está firmada por los camaristas Abel Guillermo Sánchez Torres (presidente), Liliana Navarro, Graciela S. Montesi, y por el secretario Miguel H. Villanueva.
La Cámara Federal de Córdoba – Sala B, dictó este jueves 13 de noviembre, una resolución que la denuncia que derivó en una causa judicial que cuestiona la habilitación de la candidatura de la rectora de la UNLaR (Universidad Nacional de La Rioja)Natalia Celeste Álvarez Gómez. La resolución está firmada por los camaristas Abel Guillermo Sánchez Torres (presidente), Liliana Navarro, Graciela S. Montesi, y por el secretario Miguel H. Villanueva. Aunque el tribunal declaró “cuestión abstracta” el pedido de medida cautelar que buscaba frenar su asunción —ya consumada en diciembre de 2024—, dejó sentado algo decisivo: el fondo de la causa sigue abierto y deberá resolverse.
En un pronunciamiento extenso, la Cámara Federal dispuso que:
La medida cautelar queda sin efecto, pero la causa continúa
En su punto I, el tribunal declaró abstracto el análisis de la cautelar que pretendía impedir la asunción. Sin embargo, aclaró que ello no impacta en el tratamiento del recurso principal, donde se discute si la oficialización de la candidatura se ajustó o no a la Ley de Educación Superior 24.521 y al Estatuto de la UNLaR.
La UNLaR debe responder en 10 días
La Cámara ordenó correr traslado del recurso a la Universidad Nacional de La Rioja, que ahora dispone de 10 días para contestar formalmente.
Citan a la rectora Natalia Álbarez y a la Lista Naranja como terceros interesados
Siguiendo el criterio fijado por la Corte Suprema en el caso “Ruarte Bazán”, el tribunal dispuso:
•Citar a la rectora Natalia Álvarez Gómez
•Citar a la agrupación Movimiento por una Nueva UNLaR – Lista Naranja N°10, por la que se la postuló. Ambos deberán contestar demanda y plantear excepciones también en un plazo de 10 días.
Es la primera vez que la Justicia Federal ordena su citación directa como terceros interesados, lo que implica su incorporación formal al proceso que podría definir la validez (o invalidez) de su elección.
La Cámara mantiene la posibilidad de revisar la legalidad del proceso electoral
Con esta resolución, el tribunal dejó claro que existe materia sustancial para analizar:
•Si Álvarez Gómez podía legalmente ser candidata,
•Si la Junta Electoral actuó conforme a la normativa,
•Y si la oficialización de su postulación fue válida.
El tribunal debe determina que si candidatura fue oficializada en violación a la ley o al estatuto universitario se podría anular el acto de oficialización y la pregunta es que sí la elección puede quedar invalidada.
Costas, tasas judiciales y continuidad del expediente
La Cámara, además, impuso las costas en el orden causado, recordó al Juzgado de origen su obligación de verificar la existencia de tasas judiciales impagas antes de archivar la causa, y ordenó continuar el trámite según su estado, dejando claro que el proceso sigue en curso.
VÍA: LA RED LA RIOJA
